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Con apoyo transversal de toda la oposición, esta mañana se presentó en el Congreso Nacional, la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick.

La acusación tiene por objetivo que el ex ministro asuma la responsabilidad administrativa y política por los graves hechos registrados desde el inicio de las movilizaciones, que oficialmente ya contabiliza 20 personas fallecidas.

Entre los argumentos que justifican la acusación está el haber vulnerado gravemente los derechos constitucionales al omitir deliberadamente dictar medidas eficaces para evitar el uso abusivo de la fuerza por parte de Carabineros de Chile y los cuerpos de seguridad del Estado en el contexto de la manifestación social. También que ha dejado sin ejecutar leyes de la República en el contexto del Estado de Emergencia y ha vulnerado gravemente los derechos constitucionales del debido proceso legal y la libertad personal por aplicarse medidas propias de un Estado de Excepción Constitucional de Sitio, en vez del Estado de Emergencia que es el que se decretó con su firma.

Hasta el 27 de octubre se han presentado por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 103 querellas por delitos vinculados a tortura y tratos crueles. En las 104 visitas que han realizado a comisarías –51 en la Región Metropolitana y 53 en regiones–, se verificaron 3.193 detenidos y detenidas (1.196 en la RM y 1.997 en otras regiones), de los cuales 343 son niños, niñas y adolescentes. Según la Defensoría de la Niñez hasta el momento existen 283 casos de niños que han sido vulnerados en sus derechos, de los cuales 43 menores han sido heridos o golpeados en situaciones que no justifican violencia.

Las y los parlamentarios que firmaron esta acusación constitucional fueron Catalina Pérez (RD), Camila Rojas (Comunes), Tomás Hirsch (PH), Gabriel Boric (CS) Ricardo Celis (PPD), Manuel Monsalve (PS), Boris Barrera (PC), Alejandra Sepúlveda (FRSV), Daniela Cicardini (PS), Alexis Sepúlveda (PR) y Gabriel Silber (DC).

El diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, indicó que “esto no es revancha, esto es exigir las responsabilidades políticas y que quede en la historia que no es permitido por parte de nuestras instituciones la violación de los derechos humanos”. Además, destacó que “mientras paralelamente se realiza esta acusación constitucional, nosotros como oposición vamos a seguir trabajando de manera intensa en las urgencias sociales y prioridades que ha puesto en el tapete el pueblo de Chile”.

El diputado por Magallanes, Gabriel Boric, detalló el trabajo legislativo que se está realizando: “Vamos a votar este martes en la Comisión de Constitución, un mecanismo para la modificación de la Constitución mediante un plebiscito, por lo tanto, acá estamos avanzando en caminos paralelos: exigir responsabilidades políticas ante las graves violaciones a los derechos humanos, legislación de medidas sociales urgentes para el pueblo de Chile y cambios estructurales en las reglas del juego mediante una nueva constitución”.

La próxima semana debería sortearse la comisión que analizará la acusación, que luego se votará en la sala de la Cámara Baja. Para la aprobación de esta acusación, la votación requiere mayoría de los diputados presentes en la sala. De aprobarse, el Senado deberá decidir si el acusado es o no culpable del delito o infracción o abuso de poder que se le imputa, tal como lo señala el artículo 53 N°1 de la Constitución. Para esto se necesita la votación de la mayoría de los senadores en ejercicio.

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